Ayer, el grupo parlamentario del Partido Popular rechazó una proposición de ley contra la discriminación por motivos de identidad de género. El argumento con que se vetó esta iniciativa nos va sonando desde hace tiempo: ya todos somos iguales ante la ley. Y es que, como en Rebelión en la granja, todos somos iguales, pero unos más iguales que otros.

No importó que Óscar Blanco enumerara un sinfín de casos en los que las administraciones locales -y la autonómica- han discriminado a las personas que han cambiado de sexo, porque ya hay textos y reglamentos, en nuestra Comunidad, para que nadie se sienta desamparado, sea cual sea su historia. Hay nombres de oficinas, de departamentos, de despachos a los que acudir y formularios que rellenar -y por tanto, la discriminación no existe-.

Si es verdad que en Madrid alguien puede reasignar su sexo sin saltar sin red, ¿por qué siguen teniendo lugar estas experiencias en las que, quien ha cambiado, se encuentra, a veces indefinidamente, en un limbo en el que no es nadie? ¿Por qué a tantas personas, en su día a día, les resulta imposible conseguir que les llamen por su nombre? ¿No funcionaba Madrid, en esta materia, como un reloj? ¿Por qué confían más en las asociaciones que en la administración, entonces?

La realidad es muy diferente de la que se podría extraer del discurso, ayer, de la derecha. Sigue habiendo, entre la ciudadanía, rechazo al otro, y en la administración, miedo a penalizar el odio, a tomar parte y defender a la minoría. Está muy bien contar con una serie de recursos mínimos con los que acreditar una gestión, pero hay problemas -las trampas- donde no están actuando las leyes. Maniobras que se realizan de tapado, mirando de soslayo, fingiendo que el problema es cualquier otro. Y al final, a una persona transexual le resulta casi imposible encontrar un trabajo.

Llegar hasta esos recovecos también es reponsabilidad del poder político y en Madrid nos hemos encontrado con la peor de las perezas, la que no quiere molestar a un electorado pusilánime, y que aún defiende el derecho a la discriminación.

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